Hasta hace poco utilizar un ROV para la exploración marítima estaba al alcance de muy pocos ya que el coste de los mismos y los medios para sacarle partido eran muy altos, pero en los últimos 2 años se han puesto a la venta ROV mucho más sencillos, capaces de operar a 100 metros de profundidad, manejarse con un joystick y todo por un coste de 900 dólares. Naturalmente las prestaciones no son las mismas que el ROV instalado en el UCADIZ, es poco más que una cámara sumergible a bastantes metros, pero así y todo pueden ser útiles para la investigación, ya que durante la mayor parte de la historia de la navegación esta se realizaba en aguas poco profundas siempre a la vista de la costa. Un ROV de estas características puede ahorrar muchas horas de buceo y poner al alcance de investigadores con pocos medios realizar investigaciones que antes no eran posibles. Más de 3000 kits ya han sido vendidos y en noviembre se pondrá a la venta uno más sencillo y listo para ser usado que podrá ser puesto en el agua y manejado por un niño.
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El problema que se plantea, al igual que con muchos otros avances tecnológicos, es el uso que se le puede dar a estos ROV. La pregunta no es si serán utilizados para la “búsqueda de tesoros”, sino donde ya se ha realizado el expolio. No es posible, ni creo que se deba hacer, prohibir eficazmente la venta de estos aparatos ni restringirla a investigadores autorizados, además es hardware libre, así que las autoridades tendrán que estar alerta y vigilar si hay un aumento de piezas extraídas del mar a la venta en el mercado ilegal de antigüedades para valorar la respuesta que habrá que dar a las nuevas posibilidades abiertas para la investigación y, lamentablemente, a los cazatesoros.